Pese a la fuerte oposición que ha encontrado por parte de la comunidad educativa, hoy han comenzado los trámites parlamentarios para su aprobación y aplicación.
Los profesores de esta Plataforma nos adherimos a la propuesta de STE de petición de retirada de la LOMCE, que queda reflejada en el siguiente texto.
No puede ocultarse que la LOMCE pretende echar abajo algo que a todos y todas nos parece un derecho imprescindible y una conquista social irrenunciable: “la existencia de un sistema educativo público bien dotado que sea universal, gratuito y de calidad, garantía de una verdadera igualdad de oportunidades en la sociedad”. Los contenidos de esta LOMCE no se asientan en valores ampliamente compartidos y en necesidades estrictamente pedagógicas y educativas, sino en intereses de determinados grupos de presión, en visiones ideológicas de corte neo-liberal y en principios netamente partidista.
Su aplicación:
- Conllevará despidos y traslados forzosos del profesorado. El director se convierte en gerente y jefe de personal en todos los aspectos, pudiendo conformar al claustro a su gusto, eligiéndolo en función de las necesidades del centro que él defina.
Así, el profesorado funcionario de carrera podrá perder su puesto de trabajo, ser trasladado de forma forzosa en el caso de que se haya quedado sin horario o bien en caso de que, a juicio del director/a no reúna las características necesarias para el tipo de centro que el director desee.
Esto ya se está poniendo en marcha en algunas CCAA.
El profesorado interino podrá ser escogido sin seguir el orden establecido por las listas.
La introducción de la FP Dual, además de generar mano de obra gratuita para las empresas
-si es que queda alguna- supondrá la supresión de buena parte del profesorado de FP, ya que la estancia del alumnado en dichas empresas -que puede llegar hasta el 70% del tiempo de estudio- se hace en detrimento de su formación eliminando buena parte de la carga lectiva de los distintos ciclos formativos.
- Resucitará orientaciones curriculares e instrumentos de evaluación propios de la escuela del pasado, las reválidas más preocupada de catalogar desde primaria y hacer ránkings entre el alumnado y entre los propios centros que de detectar necesidades, corregir carencias, reforzar medios y apoyar a quien más dificultades afrontan en su proceso educativo.
- Permitirá que el alumnado que supere determinados cursos pueda quedar sin la correspondiente titulación, por no superar la reválida correspondiente, una prueba centralizada que será organizada por agentes al centro. Principios como el de la evaluación continua quedan así en papel mojado. El profesorado que conviva en el día a día dejará de tener plena competencia evaluadora de la trayectoria de su alumnado a efectos de promoción y titulación.
- Diseñará una futura red de centros estratificada, desigual o "de dos velocidades", donde los recursos se concederán en función de los resultados de las reválidas y no de cualquiera de los otros muchos factores que influyen en la realidad y forman parte de la propia función social y educativa de un centro escolar (situación geográfica, entorno socio-comunitario, presencia de alumnado con necesidades educativas especiales, etc.).
- Fomentará la idea de la "competitividad" como principio rector del sistema educativo, en detrimento de otros como el beneficio social, la cooperación y a compensación de las desigualdades.
- Permitirá que se financien con dinero público aquellos centros que segregan alumnado por razón de sexo.
- De que se apruebe la LOMCE, el Consejo Escolar del Centro sólo tendrá funciones y competencias de carácter consultivo, esto es, le serán detractadas de vez todas las competencias y capacidades decisorias contempladas en la ley hasta hoy vigente. Toda la capacidad decisoria que perderá el Consejo Escolar van a ganarla los órganos unipersonales (Dirección), lo que no hará más que incrementar la concepción piramidal y el enfoque gerencialista del gobierno de los centros educativos, en detrimento de una participación democrática, verdaderamente representativa e integradora.
- Supondrá una consolidación de los recortes, lo que conllevará más fracaso escolar e inestabilidad de las plantillas de los centros.
- En definitiva, provocará que la Escuela, en quien venía siendo depositada la garantía de una formación universal que asegurara la igualdad de oportunidades, contribuya en el futuro a remarcar las diferencias sociales y económicas, quebrando aún más la necesaria cohesión social.
Por todo esto, denunciamos las supuestas virtudes de este anteproyecto:
· Segregar al alumnado no significa potenciar sus individualidades.
· Eliminar programas de atención y refuerzo conduce a un mayor fracaso.
· Hacer más rígidos los currículos y la organización de las enseñanzas impide al alumnado estudiar lo que verdaderamente desea.
· Suprimir materias, para aumentar la carga horaria de otras no supone que el alumnado mejore.
· Profesionalizar la dirección de los centros y suprimir controles internos, conduce al autoritarismo y a una pérdida de democracia.
· La LOMCE concibe el derecho a a Educación como un “servicio” para la obtención de “recursos humanos”. Se impone un sistema educativo al servicio exclusivo de los intereses del modelo económico. Desde un enfoque economicista, su misión es proveer mano de obra barata y adaptable, acabando con la mínima idea de la Educación como compensadora de desigualdades sociales y del acceso a la misma en igualdad de condiciones.
· Condena a la inestabilidad a las plantillas de los centros.
Por todas estas razones expuestas, manifestamos nuestra oposición a estos planes del Ministerio, que cuentan con el apoyo incondicional de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha.
No podemos dejar que hipotequen de esta manera tan brutal el funcionamiento del sistema educativo, nuestras funciones y condiciones de trabajo, los derechos de educación y atención formativa de nuestras niñas y niños.
Por todo esto, solicitamos la retirada de la LOMCE y exigimos la apertura de uno proceso de diálogo serio y profesional con toda la comunidad educativa para encontrar el consenso imprescindible sobre la base del derecho a una enseñanza publico, de calidad, universal y gratuito para todas y todos.
